COMPRA DE VOTOS, UN ATENTADO DESCOMUNAL A LA SOBERANÍA NACIONAL

Autor: Fénix

(Colombia)

COMPRA DE VOTOS, UN ATENTADO DESCOMUNAL A LA SOBERANÍA NACIONAL

Existe en la actualidad de nuestro país, una gran cantidad de problemas dentro de la democracia que afectan directamente la estabilidad de un ejercicio político mancomunado, teniendo como objetivo conformar la soberanía interna en la toma de decisiones. Durante muchos años se ha conocido en Colombia el siguiente tema, “corrupción mediante la compra de votos”, algo que ha generado muchas consecuencias negativas a la hora de conformar un Estado que ejerza adecuadamente el poder otorgado por la población. Muy bien sabemos los colombianos, que este suceso durante mucho tiempo ha sido denunciado con el objetivo de erradicar aquella práctica mezquina que irrumpe en la confianza de la ciudadanía, fragmentando la participación democrática de manera justa y honrada en nuestra nación. Por lo tanto, en el presente ensayo nos sumergimos en el análisis de este suceso tan preocupante con la finalidad de identificar sus principales características y lograr plantear una posible solución al mismo en la actualidad. Empezaremos con unas estadísticas muy interesantes presentadas en el año 2019 por parte del Barómetro Global de Corrupción (encuesta realizada en varios países que identifica la corrupción mediante las apreciaciones de la población y los avances de las instituciones políticas), “la cual da como resultado que a un 40% de la población en el país se le ha ofrecido un soborno a cambio de votos en las elecciones”, identificando esto empezaremos a comprender que en nuestro territorio la compra de votos tiene una gran presencia en la elección de los gobernantes que en muchos casos son posesionados gracias al uso de esta técnica, lo que provoca que la “legalidad” del sistema electoral se encuentre encerrada en el cuestionamiento de ¿Sí es transparente o no?, ¿pero por qué? Tomando un suceso actual como es el “posible” pago a personas para que votaran por el actual presidente, pone en jaque la credibilidad y la eficiencia de las instituciones, como el Consejo Nacional Electoral y la Fiscalía General de la Nación, encargadas de garantizar la transparencia en las campañas y elecciones, además de hacer seguimiento a este acto delictivo y sancionar eficazmente. Teniendo en cuenta que nuestro sistema judicial presenta algunas falencias cuando se trata de resolver estos casos, no podemos entrar a determinar inadecuadamente que es totalmente ineficiente, cuando se sabe que los poderes políticos distorsionan de manera directa los resultados de determinados actos delictivos, siendo este el primer problema. Con la finalidad de profundizar un poco más quiero citar este punto: “Todos saben que la compra de votos es una práctica repetida cada vez que hay elecciones y que los contratistas se han convertido en los principales financiadores de las campañas políticas”, tomado de un artículo del periódico El Espectador en el que se habla sobre el famoso caso Odebrecht, el cual reitera la evidencia que relaciona a empresas extranjeras, multinacionales y nacionales que también se han visto involucradas en estas práctica con el objetivo de posicionar al personaje que más les genere ganancias mediante concesiones, licitaciones y contratos al momento de tomar el poder, rompiendo nuevamente, mediante el uso del dinero, las garantías que deben existir en un sistema democrático moderno como el nuestro, pero tomando partes como el Estado y sus instituciones hemos dejado de lado a la sociedad, la cual también juega un papel muy importante en esta problemática, pues bien sabemos que en todo el territorio nacional están desplegados diferentes tipos de población, unas de extrema pobreza que se ven obligadas en muchos casos a vender su derecho al voto con la finalidad de obtener un poco de dinero e incluso bienes materiales, razón por la cual entramos aquí en un dilema ético y moral, para esto cito al Filósofo y Escritor Emmanuel Lévinas que, mediante el concepto de la otredad, él define: “el otro es tan extraño a nosotros que por eso mismo debemos vincularlo y hacerlo parte de nosotros, para lograr reducir esa otredad existente que genera a la vez una distancia entre todas las personas”, partiendo de esto, comprendemos que en la sociedad colombiana no está vivo este concepto, el simple hecho de otorgar una facultad tan extraordinaria como es el voto, para aportar una opinión a decisiones que pueden poner el futuro de toda una nación en manos de un interés sórdido con objetivo de beneficio propio, termina convirtiendo esto en una falta de autodeterminación al momento de hacer parte del sistema institucional desde el cargo de “ciudadano”, recalcando la falta de unión social y la primacía individualista. Vinculando esto también desde la posición que tiene como fundamento la poca calidad de vida de la sociedad en varias regiones, exigiéndole al sujeto cualquier tipo de acto para conseguir al menos con qué subsistir, dando paso a que los candidatos se puedan aprovechar de las necesidades del “otro” en beneficio propio, notando así que la ciudadanía juega un papel extremadamente importante, y que a la vez ayuda a configurar el contexto que aqueja y distorsiona la participación democrática en el país.

Luego de haber estudiado los distintos papeles que juegan los actores en esta gran forma de corrupción, podemos concluir que, para brindar una solución a este problema presentamos la siguientes determinaciones: primero, el Estado tiene como tarea fortalecer la cobertura de garantías que habiliten a las personas para votar de manera igualitaria en todo el territorio y mediante sus instituciones ofrecer la transparencia de las elecciones, estableciendo unos parámetros rigurosos que permitan inspeccionar detalladamente a los candidatos, su situación jurídica y a la vez su carrera política, sus relaciones con los partidos existentes, para evitar así la consolidación de un poder totalmente autoritario y alejado de las necesidades existentes en los diferentes territorios; segundo, la población debe ser concientizada (aún más de lo que ya se ha hecho) sobre el dilema ético y moral que genera la venta de su autonomía y potestad de decisión, aclarándoles la importancia que representa su participación en la construcción de una democracia ligada a una transparencia mancomunada, que le exige al Estado condiciones adecuadas y protección de la misma; como tercero y último punto, la rama judicial debe tomar más presencia en este campo, ya que se necesita certificar una seguridad minuciosa mediante el seguimiento a los actores representativos con la finalidad de ofrecer una legitimidad dentro del sistema político colombiano, evitando el clientelismo y la inserción de las empresas e intereses dispuestos en el financiamiento de campañas para obtener como beneficio ganancias privatizadas.

“Colombia se encuentra frente a una gran disyuntiva; actuar autónomamente o seguir vendiendo su dignidad a intereses individuales que fragmentan su soberanía nacional.”